Otra vez con la misma canción, pero ¿realmente alguien considera que con 480 euros al mes se puede subsistir?
El subsidio para mayores de 52 años es una de las principales redes de protección del sistema de desempleo en España, que trata de poner freno al problema del «edadismo»: trabajadores que han perdido su empleo de forma involuntaria en una etapa especialmente delicada de su vida laboral, en la que la reincorporación al mercado de trabajo resulta, en muchos casos, especialmente difícil e improbable.
Puede cobrarse hasta la fecha de jubilación ordinaria y cotiza para la pensión, pero ¿realmente protege a sus beneficiarios durante una etapa de desempleo más o menos prolonga si no les procura medios suficientes para sobrevivir?
Una cuantía claramente insuficiente
En 2026, la cuantía del subsidio sigue siendo de 480 euros mensuales, lo que equivale al 80 % del IPREM vigente. Huelga decir que esta cantidad resulta manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona, y más aún si tiene cargas familiares y se pretende comer 3 veces al día.
No se trata únicamente de una mera opinión. Basta con observar el coste de la vida para comprobar que esta cuantía queda muy por debajo de lo necesario para garantizar una subsistencia digna. Cuatro cestas de la compra, la factura de la luz y dos depósitos de gasolina superan ampliamente esa cuantía.
Si estas son las condiciones, el subsidio no siempre cumple plenamente su función protectora. En lugar de permitir una transición razonable hacia un nuevo empleo, en ocasiones sitúa al beneficiario en una situación de precariedad estructural.
El papel del IPREM y su estancamiento
La cuantía del subsidio se determina aplicando el 80 % sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conocido como IPREM.
Este índice se utiliza como referencia para múltiples ayudas públicas, pero presenta un problema evidente: su evolución ha sido extremadamente limitada en los últimos años.
El estancamiento del IPREM está directamente relacionado con la falta de aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, que se vienen prorrogando desde 2023. Como consecuencia, el subsidio ha quedado prácticamente congelado, sin adaptarse al incremento del coste de la vida.
Es innegable, no obstante, que existen otros mecanismos para actualizar este indicador al margen de los presupuestos, como ocurrió con el Real Decreto-ley 1/2008. Sin embargo, esta vía no se ha utilizado en la actualidad, sin que se haya ofrecido una justificación clara al respecto.
¿Tiene sentido seguir vinculándolo al IPREM?
El principal problema no es únicamente la cuantía actual, sino el criterio utilizado para fijarla.
El IPREM no está concebido como un indicador de suficiencia económica real, sino como una referencia administrativa. Por el contrario, el Salario Mínimo Interprofesional sí responde a la lógica de garantizar un nivel mínimo de ingresos para el trabajador.
Desde esta perspectiva, si se pretende proteger a trabajadores desempleados, resulta razonable plantear una alternativa: vincular el subsidio al SMI en lugar del IPREM.
Por ejemplo, establecer la cuantía en un 80 % del SMI permitiría acercar la ayuda a un nivel más acorde con las necesidades reales de subsistencia. Este cambio no solo incrementaría la cuantía, sino que permitiría su actualización automática en función de la evolución económica.
No desincentivar el empleo
Sin duda, en mi opinión, el incremento de la cuantía del subsidio plantea una objeción recurrente: el posible desincentivo al empleo. Bajo esta lógica, si una persona desempleada percibe una ayuda suficiente para cubrir sus necesidades básicas, podría reducirse su incentivo para reincorporarse al mercado de trabajo.
Ahora bien, en este punto resulta esencial el papel de unos servicios públicos de empleo que, en la actualidad, presentan importantes carencias. Si el sistema funcionara correctamente —esto es, si las personas desempleadas recibieran de forma efectiva ofertas de empleo y acciones formativas o de reciclaje profesional, con carácter obligatorio y con consecuencias reales en caso de incumplimiento, como la pérdida del subsidio—, buena parte de los comportamientos fraudulentos quedaría significativamente limitada.
Sin embargo, la realidad dista de ese escenario. Los servicios de empleo son manifiestamente mejorables y, en la práctica, no resulta infrecuente que una persona permanezca en situación de desempleo durante años sin recibir propuestas de trabajo ni itinerarios formativos. Este deficitario funcionamiento de los servicios de ocupación desvirtúa el equilibrio del sistema y debilita tanto su función protectora como su capacidad de activación laboral.
